El Ministerio de Vivienda está trabajando en un nuevo proyecto de Ley de Contrataciones del Estado que busca aumentar la importancia de los aspectos técnicos en la evaluación de propuestas de obras públicas, por encima del menor precio ofertado. Se sugiere además que se precise que el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) tiene la competencia para sancionar en todo proceso de contratación pública, se eliminen ciertos supuestos de Contrataciones Directas que no tienen justificación lógica, y se establezca una supervisión más rigurosa por parte del OSCE respecto de ciertos supuestos excluidos de la LCE. También se sugiere que OSCE declare la nulidad en cualquier etapa del proceso de selección en caso de que exista un vicio que afecte el interés público. Se plantea la necesidad de que los vocales del TCE no interpreten extensivamente los tipos infractorios, y se deja pendiente la discusión sobre si se deben mantener o no las vías de conciliación y arbitraje como medios de solución de controversias en los casos de gran envergadura.
